La función reguladora del Estado condiciona las operaciones y actividades de los grupos económicos que actúan en sectores estratégicos de la economía, en base a principios rectores de la prestación de servicios públicos, como ser el control de tarifas, el cumplimiento de metas de expansión, suministro y calidad de los servicios, entre otros.

Una de las tareas estratégicas del Estudio Jurídico consiste en posicionar adecuadamente a nuestros clientes frente a los órganos reguladores, contribuyendo al proceso de toma de decisiones. En este segmento, prestamos consultoría y orientamos sobre los aspectos de la legislación y actos expedidos por los entes reguladores, como las superintendencias que componen el Sistema de Regulación Sectorial.

El Estudio Jurídico es especialmente activo en impugnaciones de actos y decisiones de la administración pública y órganos reguladores. Tenemos amplísima experiencia conducir procesos administrativos, representando a clientes corporativos que se desempeñan en los sectores regulados de hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones, saneamiento básico, recursos forestales y otros.